Frente a la
propuesta de resolución de la creación de un estado catalán, todos los partidos
del régimen claman al cielo y defienden la unidad de España a capa y espada.
Pero... ¿qué está pasando realmente?
El pasado 27 de octubre, Junts pel
Sí y las CUP presentaron una propuesta de resolución al Parlament que incluye
“la declaración solemne del inicio de creación del estado catalán en forma de
república”, (…) la proclamación de “la apertura de un proceso constituyente
ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases
de la futura constitución catalana” (…) insistiendo en que el “proceso de
desconexión democrático no se supeditará a las decisiones de las instituciones
del estado español”.
Las declaraciones por parte de las
fuerzas políticas del régimen del 78 y de organizaciones como C's, que sólo
pretenden rejuvenecer al régimen para que al final nada cambie, no se han hecho
esperar. El propio presidente del gobierno del estado español compareció para
dejar claro que “tienen resortes para abordar cualquier declaración del
Parlament” sin descartar la suspensión de la autonomía de Cataluña amparada en
el artículo 155 de la Constitución. En cuanto al portavoz del grupo popular en
el Parlamento, Rafael Hernando, ha subrayado que "quienes desafíen al
Estado de Derecho saben que todo el peso del Estado de Derecho caerá sobre
ellos y que con la soberanía nacional no se juega, porque no es fraccionable,
fracturable ni está en liquidación". En lo que se refiere al PSOE, Pedro
Sánchez ha hablado de rechazo categórico del "desafío antidemocrático
secesionista" y que “apoyará cualquier medida legal del Ejecutivo que
sigan su propuesta de ley, diálogo y política”. Por último, las declaraciones
de Albert Rivera y de C's han ido en el mismo sentido de defensa de la unidad
de España y del status quo vigente oponiéndose frontalmente e insistiendo en
que “la declaración separatista de Mas, ERC-CUP es un desafío a la democracia y
a la convivencia".
Hasta ahí nada nuevo bajo el sol.
Negación del derecho de autodeterminación de los pueblos del estado español y
de una posible declaración de independencia. Pero, ¿por qué se oponen estos
partidos realmente? Pues porque saben que lo que está en juego no es solamente
la independencia del pueblo catalán sino también el propio régimen del 78, su
transición pactada con la Monarquía a la cabeza. La lucha por la emancipación
nacional de Catalunya puede llevar consigo muchas otras luchas. De ahí que
hayan votado en contra de dicha resolución C's, PP y PSC el pasado 9 de
noviembre. Hay que destacar aquí el papel de Catalunya Si que es Pot (Podemos e
ICV) que se ha alineado con dichos partidos del régimen votando también en
contra. Podemos cierra así una semana “gloriosa” en la que fichaba en su lista
para las elecciones generales a un ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (con
ZP como presidente de gobierno) que llegó a justificar el bombardeo en Libia y
pro OTAN y a Pérez Royo que defendió en el 2011 la reforma express del artículo
135 pactada por el PP y el PSOE que limitaba el déficit público.
Hay que defender el derecho de los
pueblos a decidir su futuro pero ligándolo también a la cuestión social y con
un proyecto de sociedad independiente al de la burguesía catalana.
La propuesta de resolución
presentada por Junts pel Sí y las CUP es totalmente legítima. Hay que defender
que se pueda debatir dicha propuesta. En el caso de que fuese aprobada y de que
el Estado Español intervenga para impedir su puesta en vigor, habrá que
movilizarse en defensa de un derecho democrático básico. Decir eso no significa
que seamos aliados de Artur Mas y de Convergencia Democrática de Catalunya
(CDC). Nada más lejos de la realidad. Es más, pensamos que un proceso
constituyente dónde se ponga sobre la mesa la cuestión del un referéndum
vinculante para decidir el futuro del pueblo catalán debería ir de la mano de
una movilización dónde se hable de un plan de emergencia social que ponga
encima de la mesa la cuestión de qué tipo de república catalana construir para
defender los intereses del conjunto de la clase trabajadora y de la juventud.
Esto último es incompatible con los intereses de la burguesía catalana ya que
significa poner sobre la mesa la cuestión de las políticas anti sociales y de
recortes llevados a cabo por el anterior Gobierno de Más y de Esquerra
Repúblicana.
Se trata por tanto de ser firmes
tanto en el derecho que tienen los pueblos a poder determinar su futuro como en
la necesaria movilización de la clase trabajadora y de la juventud para imponer
unas medidas de urgencia que nos aseguren un reparto de las riquezas, un
empleo, un salario digno, una vivienda digna y unos servicios públicos de
calidad. La cuestión catalana permite a día de hoy poner en entredicho el
status quo del régimen del 78 y por lo tanto también sus instituciones. El
derecho democrático del pueblo catalán a decidir su futuro puede ayudar a
avanzar sobre otras cuestiones como el modelo de estado, la cuestión de la
legitimidad que tienen la patronal y los gobiernos de turno para destrozar
nuestras vidas acaparando cada vez más riquezas o incluso el tipo de sociedad
que queremos. Para alcanzar esos objetivos, hay que ligar ese derecho a la
lucha del conjunto de la clase trabajadora del resto del estado en favor de su
propia emancipación como clase social.
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