Los gobiernos
municipales y autonómicos se empiezan a encontrar con sus límites
Durante estas
últimas semanas estamos viendo como, tras las elecciones generales, muchos de
los planteamientos que se venían haciendo desde las llamadas “fuerzas del
cambio” (Podemos y los gobiernos municipales de su órbita) están dando pasos
atrás. Cuando ha tocado decidir entre posicionarse con las luchas sociales o
con la patronal o la represión ha optado por la segunda.
En el caso de
Carmena, la cuestión de los titiriteros hubiera sido un buen momento para que
el Ayuntamiento de Madrid se posicionara en contra de la Ley Mordaza y la
represión que el activismo social y político viene sufriendo los últimos años.
La opción tomada por el Ayuntamiento de Madrid ha sido la de alinearse con las
fuerzas represoras, denunciando a los titiriteros y dándole la espalda a lxs
activistas, en lugar de defender la denuncia social que venían haciendo con su
teatro. La dirección de Podemos, a través de la figura de Carolina Bescansa,
mantuvo el mismo discurso que el Ayuntamiento de Madrid, tachando de
“desafortunada y lamentable” a la obra de los dos titiriteros.
Por su parte,
en Barcelona lxs trabajadorxs de TMB (Metro y Bus de Barcelona), en plena
negociación de su convenio, han convocado una huelga los días 22 y 24 de
febrero coincidiendo con el Congreso Mundial de Telefonía Móvil. La alcaldesa
de Barcelona, Ada Colau, en lugar de utilizar la alcaldía para impulsar y
potenciar la lucha de lxs trabajadorxs llegó a plantear en BTV noticias “que
convocar una huelga es incompatible con la negociación”, llegando incluso a revelar
los sueldos de los trabajadores, intenando quitar legitimidad a su lucha un día
antes de la huelga y a la desesperada.
En Aragón, hace
escasos días el presupuesto autonómico ha sido aprobado con los votos a favor
del PSOE, Podemos, CHA e IU. Un presupuesto difícilmente asumible por un
gobierno progresista, con ciertos avances respecto al presupuesto anterior
aprobado por el PP y PAR, pero en el que se sigue manteniendo el pago de la
deuda como uno de los ejes fundamentales, con ligeros incrementos en los
presupuestos destinados a educación y sanidad pero muy por debajo de los
índices anteriores a 2012, etc. Estos presupuestos dividieron al Consejo
Ciudadano de Podemos en Aragón. En él se votó a favor con un 61%, 15,4% de
abstenciones y un 23% en contra de la aprobación de los presupuestos.
En el
Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por Zaragoza en Común, los presupuestos han
sido aprobados por ZEC, CHA y PSOE. Al igual que en los presupuestos
autonómicos el pago de la deuda sigue siendo un eje fundamental del actual
consistorio de Zaragoza. Paralelo al debate sobre los presupuestos en Zaragoza
la huelga parcial indefinida de lxs trabajadorxs de Auzsa (empresa municipal de
autobuses) cumple más de 65 días, en la lucha por la mejora de su convenio
laboral. El Ayuntamiento de Zaragoza ha exigido hace pocos días al comité de
huelga de Auzsa que “flexibilicen sus posiciones” para que sea posible llegar a
un acuerdo con la empresa. Pidiendo “flexibilidad” a trabajadorxs que han visto
durante los últimos años recortados sus sueldos (un 3,9% desde 2013), que no
tienen sistematizados los descansos y otras reivindicaciones, que no requieren
de “flexibilidad” de lxs trabajadorxs sino de que la concesionaria desista o
bien que el Ayuntamiento remunicipalice la empresa de transportes.
Los ejemplos
anteriores son una viva muestra de los límites que empiezan a encontrarse las
fuerzas políticas que han buscado solucionar todos los problemas de la clase
trabajadora y la juventud a través de la gestión institucional, sin plantear la
necesidad de la movilización y la lucha sostenida para mejorar nuestras
condiciones de vida y romper con la lógica económica de este sistema.
El plan B no
viene a romper con esos límites sino a generar ilusión sobre las mismas
políticas.
El fin de semana
del 20 y 21 de febrero ha tenido lugar en Madrid una conferencia impulsada
entre otras personalidades por el ex-ministro de finanzas griego Yanis
Varoufakis bajo el nombre “Un Plan B para Europa”. El objetivo que establecen
es construir “un espacio de convergencia europeo contra la austeridad y por una
verdadera democracia”. El manifiesto sigue una línea de continuidad con el
discurso que ha mantenido Podemos y la dirección de Syriza (hasta julio de 2015
al menos) respecto a la Unión Europea, en el cual no sitúan a la Unión Europea
como un organismo construido por y para los capitalistas europeos sino como una
organización que tiene que ser democratizada y “puesta al servicio de la
ciudadanía”. El problema, por tanto, no es la orientación de gestión que ha
tenido Syriza desde el principio sino el “golpe de estado” dado por los poderes
europeos en Grecia. La realidad es que Syriza en ningún momento ha generado una
relación de fuerzas alternativa, de clase e independiente de las instituciones
europeas. Hemos visto, por el contrario, una Syriza en continuo retroceso en
términos programáticos, que buscaba a toda costa llegar al gobierno de Grecia,
renunciando a su programa y llegando, como hemos visto durante los últimos
meses, a reprimir y detener a activistas y trabajadorxs que se oponían a sus
políticas. El problema, por tanto, no es el golpe de estado de las
instituciones europeas (que defienden los intereses del capital europeo) sino
una Syriza que ha ido dando pasos atrás y que en ningún momento se ha planteado
romper radicalmente con la lógica económica capitalista sino gestionarla.
La clase
trabajadora y la juventud tienen la tarea de construir una alternativa
Un verdadero
plan B para la clase trabajadora y la juventud europea no puede ser construir
una Unión Europea democrática o retornar a la Syriza de julio de 2015 que no
tenía en su proyecto político acabar con la deuda, nacionalizar la banca o
prohibir los despidos. Un plan B para Europa se tiene que construir desde la
movilización de la clase trabajadora y la juventud, con un programa extraído de
esas luchas que ponga por delante el impago de la deuda para asegurar los
servicios públicos, la nacionalización de la banca bajo control de lxs
trabajadorxs para garantizar que los recursos no sean para beneficio de unos
pocos sino para beneficio del conjunto de la sociedad, la prohibición de los
despidos, el derecho a decidir de los pueblos y otras muchas reivindicaciones
que parten de las movilizaciones que se han dado en Europa desde el comienzo de
la crisis.
En el
Estado español, en pleno debate sobre la investidura, la alternativa tiene que
pasar por construir una alternativa anticapitalista y de ruptura que no tenga
como eje central la gestión de una parcela de poder o de algunos ministerios
sino que tenga como tarea impulsar la movilización y las luchas. Ya que sea
cual sea el gobierno que tengamos en pocos meses será la lucha y la tensión que
se pueda ejercer desde las calles, los centros de trabajo y los centros de
estudio lo que determinará que todo siga como está o que verdaderamente se
rompa con las políticas de austeridad y la lógica capitalista.